Te ayudamos a reclamar tu seguro de vida.

Una de las excusas más recurrentes de las aseguradoras es alegar que el asegurado no declaró correctamente su estado de salud al momento de contratar el seguro. Por ejemplo, que omitió mencionar enfermedades preexistentes como diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, entre otros. Esto incluso puede facultar a la aseguradora a rescindir el contrato de seguro.

Sin embargo, esta situación ocurre con frecuencia en contrataciones realizadas sin una asesoría adecuada, especialmente en seguros contratados por internet, de forma colectiva o masiva (como los vinculados a cuentas bancarias o créditos hipotecarios), donde el asegurado ni siquiera recibe el cuestionario de salud o no comprende las consecuencias legales de una respuesta incompleta.

👉 ¿Cómo resolverlo?: La Ley sobre el Contrato de Seguro establece que la aseguradora tiene un plazo legal para informar a los beneficiarios en caso de rescisión del contrato de seguro. Si no lo hace, puede perder el derecho a rechazar el pago por este motivo. También es indispensable revisar la forma en la que se contrató el seguro, para confirmar si existió la omisión o inexacta declaración.

Otra causa común de conflicto con las aseguradoras ocurre cuando se reclama una indemnización por invalidez permanente y la compañía rechaza el pago, alegando que no se cumplen los requisitos establecidos en la póliza.

Este tipo de negativas suelen basarse en razones como:

Que la invalidez no es “total” o no es “permanente”, según los criterios de la aseguradora.

Que no fue dictaminada por una institución autorizada (IMSS, ISSSTE, etc.).

Que la invalidez no impide cualquier trabajo remunerado, aunque en la práctica la persona esté imposibilitada para ejercer su profesión u oficio habitual.

Que no se presentó la documentación “en tiempo”, aun cuando el afectado estaba en tratamiento médico o sin capacidad para atender trámites legales.

👉 ¿Cómo resolverlo?: El riesgo de invalidez total y permanente no se limita a casos donde la invalidez es del cien por ciento, o donde existe un dictamen definitivo del IMSS o ISSSTE. En muchos casos, la aseguradora debe responder cuando el asegurado no puede desarrollar su actividad usual.

La ley permite que las aseguradoras soliciten cierta documentación para analizar el siniestro (artículo 69 de la Ley sobre el Contrato de Seguro). Pero en la práctica, muchas veces se exigen requisitos excesivos o imposibles de cumplir, con el único propósito de retrasar o evitar el pago.

Entre los documentos que suelen solicitar de forma abusiva se encuentran:

Expedientes clínicos completos de hospitales o médicos

Certificado de seguro o consentimiento, en el caso de seguros de vida de grupo o institucionales

Constancias originales de carpetas de investigación

Documentos que ya obran en poder de la propia aseguradora

Citas con “investigadores” o personas externas

Este tipo de prácticas no solo son desproporcionadas, sino que pueden ser ilegales si impiden el acceso al derecho al cobro del seguro.

👉 ¿Cómo resolverlo?: La aseguradora no puede solicitar información o documentos arbitrarios que no están al alcance del beneficiario, o que no guarde relación con los hechos del siniestro. Es importante recabar un acuse de los documentos entregados.

Uno de los seguros que más controversias genera es el seguro de vida institucional para servidores públicos de la administración pública federal, o seguros de vida institucionales de dependencias de los Estados o municipios; el cual es contratado por las entidades de Gobierno para cubrir el fallecimiento e invalidez de los servidores públicos empleados por las diferentes entidades gubernamentales.

Los conflictos que ese seguro genera en muchos casos derivan de que la aseguradora no administra ese seguro, sino la propia dependencia u órgano de gobierno al que está adscrito el funcionario, lo que provoca problemas con los consentimientos que deben otorgar los asegurados, o con la potenciación de suma asegurada, que la aseguradora a veces pretende desconocer, a pesar de haber sido solicitada por el empleado de gobierno.

👉 ¿Cómo resolverlo?: En caso de negativa o retraso de la aseguradora, es recomendable iniciar una reclamación ante la CONDUSEF y asesorarse con abogados especializados, ya que los beneficiarios muchas veces no cuentan con la información o documentos suficientes para exigir el pago.