Torre corporativa de concreto y cristal; caso de seguro de vida contra HSBC Seguros

El caso

El caso

Nuestro cliente, una empresa oaxaqueña, contrató con HSBC Seguros un seguro de vida “hombre clave” para uno de sus ejecutivos. La póliza amparaba las coberturas de fallecimiento y de muerte accidental y pérdidas orgánicas, cada una con una suma asegurada de $5,000,000.00 M.N., y designaba a la empresa como beneficiaria irrevocable al 100%.

El asegurado falleció víctima de un homicidio por arma de fuego en el estado de Oaxaca: una muerte accidental conforme a la propia definición de la póliza, es decir, un acontecimiento por causa externa, súbita, violenta y fortuita.

La beneficiaria dio aviso a la aseguradora. Además de la documentación habitual, HSBC exigió copia certificada de todas las actuaciones del Ministerio Público, incluida la conclusión de la averiguación. La empresa explicó que le era imposible obtenerla: la autoridad le había negado el acceso por no ser parte en la investigación y el proceso penal no había concluido. HSBC mantuvo su negativa durante todo el procedimiento de conciliación ante la CONDUSEF.

Qué hicimos

Presentamos una demanda en la vía oral mercantil para exigir el cumplimiento del contrato de seguro.

La aseguradora se defendió con base en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro: alegó que la beneficiaria no había entregado toda la documentación solicitada y enumeró una serie de supuestas “inconsistencias”. En el juicio demostramos que ninguna de ellas era una exclusión del contrato ni estaba ligada a una cláusula que liberara a la aseguradora de sus obligaciones: eran especulaciones ajenas a lo que se reclamaba.

El resultado

HSBC Seguros fue condenada al pago de las coberturas de fallecimiento y muerte accidental, más los intereses moratorios y una indemnización por daños y perjuicios. En total, la aseguradora tuvo que pagar más de 18 millones de pesos.

Por qué importa

La jueza sostuvo cuatro puntos que fortalecen la posición de asegurados y beneficiarios:

  1. La documentación exigida era legalmente imposible de obtener. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que los registros de la investigación son estrictamente reservados y que solo las partes del proceso pueden consultarlos. La empresa beneficiaria no era víctima, ofendida ni imputada.

  2. La aseguradora podía obtener la información por sí misma. Sus propias condiciones generales la autorizaban a solicitar información a cualquier autoridad, incluido el Ministerio Público, y a comprobar por su cuenta cualquier hecho relacionado con el siniestro.

  3. Condicionar el pago a la conclusión de la investigación penal dejaría sin efecto el derecho del beneficiario. La obligación de la aseguradora quedaría en suspenso indefinido, porque esa conclusión no depende de la beneficiaria y puede tardar años o no llegar nunca.

  4. Las “inconsistencias” no tenían sustento. La aseguradora se limitó a enunciarlas sin relacionarlas con una exclusión del contrato ni con una disposición legal.

La facultad que el artículo 69 de la Ley sobre el Contrato de Seguro da a las aseguradoras para pedir información sobre el siniestro no es ilimitada ni puede ejercerse de manera arbitraria.

Dato útil

Si una aseguradora te pide documentos de una carpeta de investigación penal para pagar un seguro de vida, recuerda que, conforme al artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esos registros son reservados y solo las partes del proceso pueden consultarlos. Si no eres víctima, ofendido o imputado, legalmente no puedes obtenerlos, y la aseguradora no puede condicionar el pago a documentos que te es imposible conseguir.



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