El artículo analiza la dualidad del ajustador de seguros en México, contrastando su función técnica definida en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (LISF) con las prácticas comunes en el sector. Mientras que la ley (Art. 109 y 110) lo define como un auxiliar técnico encargado de evaluar causas y daños de forma imparcial, en la práctica existe un conflicto de interés estructural, ya que su incentivo económico suele alinearse con los intereses de la aseguradora que le paga.